La Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (Aces) criticó el manejo que le dio la Superintendencia de vigilancia a la presunta filtración de estructuras criminales y la decisión de suspender 31 licencias, asegurando que la divulgación fue "desproporcionada y genera un grave impacto reputacional".

Aunque aceptaron que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tienen el deber de controlar y corregir desviaciones, faltas o actuaciones contrarias a la ley, afirmaron que debe prevalecer la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

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"La referencia general a una presunta filtración criminal sin la debida individualización de responsabilidades puede inducir a interpretaciones erróneas, afectando el buen nombre de organizaciones que podrían estar enfrentando, en algunos casos, situaciones de carácter meramente administrativo, que en ningún caso deben equipararse con conductas delictivas", indicó el gremio.

Recordaron que hay un procedimiento claro y garantista para la imposición de sanciones a las empresas vigiladas. 

"Dicho procedimiento contempla etapas como la realización de visitas de inspección, la elaboración de actas, la formulación de pliegos de cargos cuando haya lugar, su debida notificación, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa mediante la presentación de descargos y la adopción de una decisión debidamente motivada en firme", precisó Aces.

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Dijeron que surge una preocupación "legítima" frente a si dichas etapas fueron agotadas en cada uno de los casos mencionados, especialmente cuando algunas empresas habrían conocido de estas decisiones a través de medios públicos y no mediante los canales formales.

Recalcó que las decisiones no están en firme, por lo que los anuncios causan "consecuencias graves como la afectación comercial, la pérdida de clientes y la estabilidad laboral de miles de trabajadores".